Administraci贸n p煤blica y privada, entre ilegales y el derecho de contencioso

La orden de demolici贸n, una vez comprobado el trabajo no autorizado, es un acto vinculante y, como tal, no requiere que la comunicaci贸n inicie el procedimiento.

Administraci贸n p煤blica y privada, entre ilegales y el derecho de contencioso

Principio de lo contradictorio en el procedimiento administrativo en general.

Comunicaci贸n de inicio de tr谩mite por correo.

la el principio de confrontaci贸n Es una piedra angular en la historia de las relaciones entre ciudadano y administracion, como elemento en el que se fundamenta la protecci贸n de la situaci贸n jur铆dica del individuo.
en procedimiento administrativo El principio se expresa ante todo con el derecho a participar al procedimiento.
Este derecho se logra a trav茅s de diversas instituciones. En lo que a nosotros respecta, entre estas instituciones tenemos: la comunicaci贸n de inicio del procedimiento, participaci贸n y el motivaci贸n de la disposici贸n.
la comunicaci贸n de inicio del procedimiento, es proporcionado porel arte. 7, de la ley n. 241/1990 sobre el procedimiento administrativo. la metodos y contenidos de esta comunicacion estan indicadas porel arte. 8 de la misma ley. Comunicaci贸n debe ser enviado a aquellos contra quienes La disposici贸n final est谩 destinada a producir efectos directos ya quienes deben actuar por ley. y, ai Temas identificados o f谩cilmente identificables, diferentes de sus destinatarios directos. a lo que se puede derivar prejuicio Por una disposici贸n. Todo esto, siempre que no haya motivos de urgencia particular (v. el arte. 7 citada).
Una vez iniciado el procedimiento, la persona privada debe ponerse en condiciones, en vista de la cuesti贸n de la disposici贸n (es decir, del acto final del procedimiento que contiene la decisi贸n de la matriz), sustancialmente) de participar en el proceso y poder defender su posici贸n.
En particular 茅l puede intervenir en el procedimiento cualquier tema con intereses sector p煤blico o privado, as铆 como aquellos con intereses generalizados formados en asociaciones o comit茅s, lo que podr铆a resultar en una p茅rdida de (V. el arte. 9, Ley 241/1990.).
Qui茅n participa en el procedimiento, (es decir, qui茅n tiene derecho a recibir la notificaci贸n de iniciaci贸n conforme al Art铆culo 7, y qui茅n interviene de conformidad conel arte. 9) tiene el derecho: a) de para ver de las escrituras del procedimiento (excepto en los casos de exclusiones previstas en el art铆culo 24, de la misma ley); b) de Presentar memorias y documentos escritos., que la administraci贸n est谩 obligada a evaluar si son relevantes para el objeto del procedimiento.
Finalmente, otra instituci贸n creada para defender la posici贸n del ciudadano es la motivaci贸n del acto: el acto final, por lo tanto, debe estar debidamente motivado, para permitir a un sindicato sobre su validez: la motivaci贸n debe indicar i supuestos de hecho y el razones legales que determin贸 la decisi贸n de la administraci贸n, en relaci贸n con los resultados de la investigaci贸n (V. el arte. 3, Ley 241/1990.).

Emisi贸n de medidas. encuadernado

驴Qu茅 quieres decir con? medidas restringidas? Estas son medidas que no requieren, de hecho, no permiten una espacio de maniobra por parte de cualquiera de las partes: ni el sector privado ni la persona privada pueden afectar su contenido: el asunto de la escritura, con el contenido espec铆fico, es debido. La ley, es decir, en ese punto del procedimiento procesal, las impone.
De acuerdo ael arte. 21-octies, ley 241, no puede ser cancelado la disposici贸n adoptada en violaci贸n de las reglas sobre el procedimiento o la forma de las escrituras si, por naturaleza limitada De la disposici贸n, est谩 claro que su dispositivo de contenido no podr铆a haber sido diferente del adoptado realmente.
Sin embargo, la disposici贸n administrativa no puede anularse debido a que no se notific贸 el inicio del procedimiento si la administraci贸n demuestra ante el tribunal que el contenido de la disposici贸n no podr铆a haber sido diferente del realmente adoptado..
Seg煤n jurisprudencia establecida, las medidas por las cuales el Ejercita el poder represivo de la construyendo abusos ellos son actos restringidos.

Motivos de la disposici贸n de demolici贸n.

Ejemplo de demolici贸n de un edificio.

Como resultado, en relaci贸n con la obligaci贸n de motivaci贸n del orden de demolici贸n, una gran parte de las oraciones declaran que es suficiente informar sobre elabusividad del trabajo: una vez que se ha determinado el abuso, no se considera necesario que haya m谩s evaluaciones o una motivaci贸n adicional en la disposici贸n dirigida al ciudadano.
De hecho, en la mayor铆a de los casos reiteramos el concepto de que la orden de demolici贸n, como todas las sanciones en el sector de la construcci贸n, es un acto vinculado al 煤nico hallazgo de abuso, por lo tanto no requiere otras consideraciones, normalmente requeridas para las disposiciones. administrativa, como la evaluaci贸n de las razones de inter茅s p煤blico o una comparaci贸n de estos 煤ltimos con los intereses privados involucrados y sacrificados y ni siquiera una justificaci贸n para la existencia de un inter茅s p煤blico concreto y actual en la demolici贸n, ya que no se puede configurar una protecci贸n para preservar una situaci贸n de Il铆cito permanente, que el tiempo no puede legitimar en la pr谩ctica (cf. Cons. de estado, seccion IV, enviado. 28 de diciembre de 2012 n. 6702) (C.D.S. n. 2873/2013).
Algunas decisiones realmente admiten que debemos tomar en consideraci贸n la posici贸n de Encargo en el sector privado. Por el tiempo dedicado a la inercia de la administraci贸n p煤blica, teniendo en cuenta tambi茅n el alcance del abuso: por ejemplo, se reconoci贸 que para La prolongaci贸n de la inercia de la administraci贸n responsable de la supervisi贸n, ha generado una posici贸n de encomio en el privado, esta 煤nica hip贸tesis, en relaci贸n con la cual se reconoce una carga de motivaci贸n congruente que, teniendo en cuenta tambi茅n la entidad y tipo de abuso, indicar el inter茅s p煤blico, evidentemente diferente a la restauraci贸n de la legalidad, adecuado para justificar el sacrificio del inter茅s privado opuesto (Consejo de Estado, IV, 14.5.2007, n. 2441).
Afirma la sentencia de Consejo de Estado n. 2705/2008 que, al ser la condici贸n para la emisi贸n de la orden de demolici贸n, la 煤nica ausencia o discrepancia con respecto al t铆tulo de la concesi贸n y, por lo tanto, al ser tal orden una escritura, la orden es suficiente motivado Con la confirmaci贸n del abuso, se encuentra en relaci贸n con el inter茅s p煤blico en su eliminaci贸n: El inter茅s p煤blico, es decir, ya es inherente a la misma norma que dispone la demolici贸n en caso de no estar autorizada. Sin embargo, se agrega en el juicio que la obligaci贸n de una motivaci贸n m谩s detallada (es decir, relacionada con la preeminencia del inter茅s p煤blico o la evaluaci贸n de los diversos intereses p煤blicos y privados involucrados) a este respecto Solo si el orden mismo interviene. a una distancia de tiempo a partir de la finalizaci贸n del trabajo, la inercia de la administraci贸n cre贸 cierta confianza en lo privado (Consejo de Estado, V, 29.5.2006, n. 3270).

Comunicaci贸n para iniciar el tr谩mite.

la necesario para la comunicaci贸n Por lo tanto, la iniciaci贸n de un procedimiento, en el caso de 贸rdenes de demolici贸n para obras abusivas, es excluidos, dada la naturaleza restringida del poder represivo ejercido que excluye la configuraci贸n de la participaci贸n privada, como tambi茅n lo proporciona expresamente elel arte. 21g de la misma ley n.241 / 90, tal como fue introducido porArt.14 de la ley 11 de febrero de 2005 n. 15.
Por ejemplo, se estableci贸 que al ser el ejercicio del poder represivo de los abusos en la construcci贸n... manifestaci贸n de la debida actividad administrativa,... las disposiciones relativas, tales como la orden de demolici贸n, constituyen hechos vinculantes para cuya adopci贸n no es necesario enviar la comunicaci贸n para iniciar el procedimiento, Ya que no hay espacio para los momentos participativos. del destinatario del acto (ver entre muchos, C.D.S. n. 2873/2013).
Sin embargo, se argumenta que una evaluaci贸n de hechos en contradicci贸n con la persona interesada antes de la decisi贸n, debe estar ah铆o que se le debe dar la oportunidad de defender su posici贸n.
Por ejemplo, fue precisamente en este punto que la participaci贸n de la persona interesada debe ser asegurado o con la comunicaci贸n de inicio del procedimiento o con una participaci贸n efectiva de lo privado en la investigaci贸n; a帽adiendo que La orden de demolici贸n est谩 subordinada a la determinaci贸n de la naturaleza abusiva de las obras, infestable sobre la base de evaluaciones t茅cnicas.
Por eso, se dice, parece necesario que a lo privado tener la oportunidad participar en aquellas actividades de detecci贸n de hechos que preludio A la evaluaci贸n sobre la adopci贸n de la orden de demolici贸n.
Una vez que se ha dado esta posibilidad, la necesidad de una contradicci贸n se considera satisfecha, ya que se aconseja a la persona administrada de hecho el inicio del proceso procesal, lata uso todas las dem谩s opciones de acceso Infraprocedimentale, de impulso preliminar, de dial茅ctica por escrito, que le permiten proteger su posici贸n de inter茅s leg铆timo.
As铆 establece la oraci贸n. C.D.S. n. 4470/2013, que concluye decidiendo que lo privado fue puesto en la condici贸n de participar, siendo fue informado de la presencia de un procedimiento destinado a determinar la presencia de un abuso en un edificio en constante inspecci贸n por parte de la Polic铆a Municipal... y ya en ese lugar se le pregunt贸 si ten铆a alg煤n permiso y tuvo la oportunidad de prospectar sus consideraciones con respecto al tiempo de construcci贸n y uso de los art铆culos manufacturados sujetos a la orden de restauraci贸n.
Adem谩s, la segunda nota de impugnaci贸n de la ocupaci贸n abusiva, que confirm贸 la primera, fue anunciada por esta 煤ltima como una advertencia de la presencia de un procedimiento de sanci贸n para el recurrente. Por lo tanto, No se encuentra violaci贸n de los derechos participativos. del Ci., ya que este 煤ltimo siempre ha podido hablar con la administraci贸n antes de la adopci贸n de las disposiciones que contienen los efectos nocivos de su esfera jur铆dica..
El principio de no necesidad de comunicaci贸n ha sido tomado por la reciente resoluci贸n Tar Calabria, n. 615 presentados el 23 de febrero que, a partir de los mismos supuestos, acaba de indicar, de la oraci贸n. C.D.S. n. 4470/2013, o la necesidad de lo contradictorio en la investigaci贸n f谩ctica, concluye se帽alando que esta contradicci贸n, en el caso espec铆ficamente decidido, no habia y por lo tanto Acoge con satisfacci贸n la apelaci贸n contra la orden de demolici贸n. por la ausencia de la participaci贸n del sector privado en la evaluaci贸n t茅cnica y porque no se presenta evidencia de c贸mo ha llegado a la evaluaci贸n, ya que los resultados de la inspecci贸n se produjeron a pesar de que los organismos de inspecci贸n no pudieron Acceso materialmente en la veranda. para mediciones.
As铆, concluye la frase que laomisi贸n de garant铆as participativas y omisi贸n del examen de las observaciones del t茅cnico de la pieza, quienes, entre otras cosas, solicitaron una medici贸n precisa por parte de los t茅cnicos municipales, toman importancia para los fines de la presunta violaci贸n, no se garantiza la participaci贸n necesaria de la parte recurrente en la fase de la determinaci贸n de no autorizada (Tar Calabria n. 615/2015).
En este caso, los elementos relevantes son: la falta de participaci贸n del ciudadano y el hecho de que el abuso del trabajo no es seguro, dada la ausencia de inspecci贸n in situ.



V铆deo: ACTUALIDAD P脷BLICO..Actos administrativos objeto de control jurisdiccional o legal.